Jorge Ramos

Montoro ha lanzado un órdago a la situación anunciando que, entre otras medidas urgentes, ha propuesto al Ejecutivo de Rajoy aplicar sanciones a los responsables políticos que gasten más de lo que ingresan y provoquen situaciones de quiebra en sus respectivas Administraciones públicas.

Aunque el anuncio ha generado protestas entre responsables políticos de algunos partidos de la oposición, muchos expertos consideran que simplemente se trata de hacer que los responsables políticos se atengan a las mismas normas y obligaciones que afectan y regulan los comportamientos de responsables empresariales,  aplicándose de ese modo a la clase política las mismas responsabilidades que recaen en las actuaciones societarias.

     Al fin y al cabo, una Administración Pública debería ser gestionada económicamente como si de una empresa se tratara, siendo el presidente ó alcalde un consejero delegado ejecutivo y los ciudadanos sus accionistas. De ese modo, se exigirían las mismas posibles responsabilidades penales a un alto cargo político que se exigen ya en el mundo de la empresa. No soy jurista, pero como ciudadano y como periodista, creo  que se trata de una medida justa que hace a todos iguales ante la Ley retirando a los políticos unos privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos.

      La política del palo y de la zanahoria no me gusta y, además, hasta ahora no nos  ha servido para avanzar mucho a la Humanidad. Pero, como digo, es demasiado frecuente que solo se hagan correctamente las cosas cuando se tiene miedo a la sanción o castigo. Así y todo, reitero mi posición contra los premios y contra los castigos. Ahora bien, repasemos la realidad del momento. ¿Estarían sin humo los lugares públicos si la ley antitabaco no llevara aparejada fuertes multas? ¿Habría tan alta tasa de morosidad si la Ley de Mora contase con un reglamento sancionador que multase a los que pagasen sus facturas con retrasos superiores a 60 días?

         ¿No es lamentable, patético y absurdo que una sociedad que presume de adelantada y de disfrutar un supuesto estado del  bienestar necesite de premios y castigos para comportarse cívicamente y actuar conforme a unas leyes creadas por todos para todos y que deben afectar a todos independiente de su profesión o cargo político?

       Algo falla en nuestra sociedad y por ello esta crisis no es solo una crisis económica,  es una crisis de sistema, crisis de ética y de valores ciudadanos. Quizás ahora, tras la caída del sistema comunista le esté tocando turno al sistema capitalista y de la caída de ambos sistemas surja un nuevo sistema más justo, más humano y verdaderamente más ético y desarrollado.